Si los seres humanos fuésemos más preventivos y menos curativos, esto no solo nos representaría economía financiera sino salvaguarda de nuestra integridad interior, lo que redunda, a su vez, en equilibrio, en paz y por supuesto en armonía.

Es por ello que al abogado debe valorarse no solo como un vehículo para demandar o defender intereses, lo que es válido, sino para asesorarse, para precaver, para ilustrarse antes de decidir, lo que permitirá se haga asertivamente.

Genera entonces inmensa satisfacción en nuestro ejercicio profesional, el ofrecer al usuario una acompañamiento oportuno y garante para definirle lo que le pueda corresponder en derecho, evitándole que llegue al conocimiento de esa realidad a través del pronunciamiento judicial que muchas veces no es lo que él esperaba, pues no tiene ya las condiciones para ello, precisamente por la ausencia de la asesoría previa recomendada.

Dicha asesoría debe recibirse por el usuario abiertamente, sin filtros, pues no en pocas ocasiones se quiere calificar al abogado a partir de escuchar de él lo que se quiere oír y no lo que el profesional bajo su calificado conocimiento recomienda, lo que no es bueno, pues esto abre una brecha para que haga su arribo el error y la mala decisión; la verdad libera y aliviana a partir de darle a cada cuál lo que corresponde, no solo porque el abogado lo diga sino porque es el espíritu de la ley.

Recibida la asesoría previa, uno de los caminos que surge es el del abordaje de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, entre ellos el de la Conciliación, en la que nadie pierde, todos ganan, siempre y cuando, eso sí, se tenga la convicción de que se debe de ceder, lo que refleja un alto grado de inteligencia más nunca el de sumisión, temor o debilidad. La pronta conquista de la solución mediante la conciliación no le quita mérito al abogado mediador, valga decirlo, pues se tiene la creencia que la solución lograda por intermedio del proceso o acción judicial esta más cerca de la justicia, lo que no es cierto, pues alinear a las partes para que se pongan de acuerdo no es tarea fácil en muchos casos.

Se debe dejar el escalar ante la autoridad para la solución de diferencias como una última instancia que realmente amerite todos las cargas que esta alternativa conlleva, no solo para el demandante – denunciante sino para el Estado.